Con la denominación “elefantes blancos” nos referimos a las construcciones de grandes equipamientos que se han venido realizando en nuestros territorios y ciudades de España y que se han quedado sin uso o en desuso, con un coste de mantenimiento mayor que los beneficios que aportan. Se trata de los “proyectos estrella” de numerosas ciudades y comunidades autónomas, en el territorio nacional (aeropuertos, equipamientos culturales, exposiciones temporales, nuevas infraestructuras, …).
Cada ciudad, en aras de la modernidad y de su especificidad, mal entendida, quería contar con un “icono” o hito urbano destacado. Al igual que en la antigua Siam (Tailandia), en la que cuantos más elefantes blancos tiene el rey mayor sería su estatus, aunque finalmente los regalaba para evitar su manutención. Hasta ahora, una ciudad sin elefante blanco no era una ciudad importante.
Esta dinámica no ha tenido problemas serios durante la época del “boom” económico español basado en el crecimiento inmobiliario, pero llegada la crisis económica actual, son difíciles de sufragar y mantener estos verdaderos “gigantes del despropósito”.
Quizá el ejemplo más significativo de estos “elefantes blancos” sean los aeropuertos. El aeropuerto de Ciudad Real, que cuenta con una pista de aterrizaje de las mayores de Europa y una terminal de 28.000 metros, está inmerso en un concurso de acreedores y estará cerrado temporalmente. Se trata de una inversión mal dimensionada y ejecutada, y con poca trayectoria futura y rentabilidad. León, Castellón o Huesca son otras ciudades que han invertido en el sector aeroportuario sin el éxito esperado, en una carrera sin freno y sin atender a la viabilidad del proyecto antes de su ejecución. Es evidente que la crisis económica no está ayudando al éxito de estos proyectos, pero también es cierto que con crisis o no muchos de ellos estaban condenados al fracaso. Solo 11 de los 48 aeropuertos comerciales españoles son rentables.
Por otro lado están los edificios públicos culturales (museos, centros de interpretación, auditorios, …), muchos no se han terminado o están terminados pero no abiertos al público, como ocurre en Galicia y en otras Comunidades autónomas. Este hecho se extiende por toda la geografía española, y en mayor o menor medida cada provincia cuenta con algún edificio al que se ha destinado importantes cantidades de dinero público que no se le está dando uso alguno y al que mientras la Administración los mantenga le supondrá un gasto, sin beneficio. Hay que invertir, con una rentabilidad socioeconómica futura, no gastar recursos innecesariamente.
Incluso es necesario mencionar la última Expo de Zaragoza, que aunque tenía un proyecto post expo, éste no ha llegado a consolidarse o a conseguir la mínima rentabilidad socioeconómica que se pretendía. O incluso mencionar operaciones deficitarias como Terra Mítica, los circuitos de fórmula 1, .. O algunos trazados de red ferroviaria de alta velocidad, o de redes viarias de autopistas, …
Todo ha sido posible mientras había recursos, mientras el urbanismo era el motor de la economía española y de las finanzas municipales. Ciudades temáticas, ferias de muestras, edificios emblemáticos, …, han sido los resultados, muchos de ellos siendo una fuerte carga para las Administraciones Públicas, y produciendo ciudades y territorios insostenibles.
Las obras públicas combinan dos aspectos, la creencia de que cuanto más grandes y más innovadoras mejor, y la presencia de un agente decisorio político sin responsabilidad económica, que juntos han llevado al desastre, sin control alguno. Así las políticas keynesianas de impulsar la demanda agregada mediante un aumento del gato público gozan de popularidad, aunque no todos los economistas comparten esta idea, que ha movido muchas de estas actuaciones, aparte de la obsesiva megalomanía de nuestros dirigentes políticos.
Si se destina dinero público a la construcción de infraestructuras, mejor invertirlo en las que tengan una rentabilidad social y económica importantes, evitando los “elefantes blancos”, que, con dudosa utilidad, tienen altos costes de mantenimiento y se convierten en una pesada carga para la sociedad. Si se atendiera a los estudios de viabilidad iniciales, que fueran rigurosos, muchos de estos megaproyectos no se habrían realizado.
En España, con poca atención a la evaluación de inversiones en las Administraciones públicas en los últimos años, aglutinando en una sola persona quien decide y quien financia, se ha producido una inclinación a grandes proyectos, frente a actuaciones más modestas pero socialmente más rentables, que hubieran contribuido al crecimiento económico a largo plazo y a corto plazo.
Sería conveniente realizar estudios de viabilidad rigurosos, evaluar las alternativas, incorporar a la iniciativa privada en la construcción, repartir el riesgo de forma eficiente, buscar fórmulas adecuadas de financiación, realizar una evaluación contínua, y buscar la adecuada rentabilidad socioeconómica. Hay que modificar el marco institucional que hace que sea “políticamente rentable” invertir en proyectos inadecuados o “elefantes blancos”.
Hay que tener en cuenta que el mantenimiento de un edificio oscila entre el 2 % y el 5% de su valor total, pero en el caso de los “elefantes blancos”, este coste de mantenimiento se ha disparado, con grandes costes frente a mínimos o nulos beneficios, siendo una carga económica importantísima para las Administraciones Públicas. Una solución puede ser la concesión privada para el mantenimiento, pero, con una buena administración no sería necesaria esta solución, buscando usos alternativos adecuados a las instalaciones, con el apoyo de la ciudadanía, o en una colaboración mixta público-privada.
Hoy día los ciudadanos demandan menos edificios icónicos y más soluciones a sus problemas reales ante la crisis económica: demanda de empleo y acceso a una vivienda digna y adecuada, aparte de unos mínimos servicios sociales.
Estas obras megalómanas sin uso adecuado provocan que las ciudades o sus entornos se conviertan en espacios fantasma, con grandes construcciones vacías o sin uso adecuado de la ciudadanía.
La situación actual debe suponer un antes y un después en el concepto de ciudad y en el destino de los fondos públicos, de forma que vayan encaminados a su uso racional y sostenible; y no a la realización de edificaciones a las que se destinan millones de euros y cuyo interés para el conjunto de los ciudadanos es mínimo.
Las actuaciones urbanas deben ser menos agresivas y ambicionas, hay que atender a la especificidad y contexto de la ciudad y su territorio, y conocer la opinión de los ciudadanos, con una consulta pública previa. Son necesarias políticas urgentes de tipo social o asistencial, que busquen la integración de los colectivos más vulnerables, que mejoren la competitividad de las ciudades, que atraigan inversiones externas. En definitiva que se invierta en la ciudad, con una rentabilidad económica y social adecuadas, y no se malgasten los recursos públicos, que cada vez son más escasos, a falta de financiación.
Las actuaciones también deben velar por la viabilidad económica de los proyectos a corto y largo plazo, provocando la transformación positiva y sostenible de las ciudades y sus territorios.
Se deben buscar las alianzas entre ciudades, la colaboración entre ellas en el territorio, no que cada una tenga todos los tipos de equipamientos e infraestructuras supramunicipales posibles, sino que cada una tenga una especificidad que se complemente con las del entorno, produciendo un territorio eficaz y articulado en base a las economías de escala, para competir en un mundo altamente globalizado. Hay que buscar una planificación adecuada de las ciudades y territorios desde una estrategia común, y desde una supramunicipalidad que realice el control adecuado, apoyado en la participación pública.
Nos esperan tiempos difíciles pero saldremos más fortalecidos y más humanizados.
José Manuel Ojeda García. Dr. Arquitecto. Urbanista.
Presidente de la Federación Iberoamericana de Entidades Inteligentes y Sostenibles (FIEIS)
